Por Giovanna Gardella, managing director de Compliance Global Consulting y ETICPRO – www.compliancegc.com
Por medio de la reciente promulgación de la Ley N° 21.769, Chile dio un paso concreto hacia la modernización del Estado. La creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), más allá de una medida técnica, es una clara señal política de que se pretende potenciar la transparencia, probidad y eficiencia en la gestión pública.
En momentos donde la confianza ciudadana en las instituciones se ha visto menoscabada, iniciativas como esta, sin duda, representan un avance real para recuperar la credibilidad del aparato estatal.
El SAIG, concebido como un servicio público descentralizado, tendrá la misión de agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado.
Dicha labor se hará a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía; el cumplimiento de las normas y procedimientos; la protección de los recursos públicos y de la probidad; y de la ejecución de las políticas y decisiones de la respectiva autoridad.
Su estructura y autonomía son elementos claves, pues al contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependa del Ministerio del Interior, se le otorga la independencia necesaria para cumplir sus funciones con objetividad y sin subordinación política directa.
Más allá de los aspectos formales, la creación del SAIG obedece a un diagnóstico ampliamente compartido en el país, como lo es que la gestión pública chilena requiere mecanismos de control más avanzados y una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos y no en la corrección de errores o irregularidades detectadas.
En la actualidad, la mayor parte de la fiscalización recaía en la Contraloría General de la República, un ente que cumple un papel crucial- sobre todo desde que asumió la abogada Dorothy Pérez- pero orientado más a la revisión de acciones ejecutadas que al acompañamiento preventivo.
En cambio, el SAIG viene a complementar ese rol, mediante un enfoque de auditoría moderna, con acento en la mejora continua. Adicionalmente, su tarea no se restringirá a fiscalizar, pues la ley le asigna funciones de asesoramiento y capacitación, lo que abre una oportunidad inédita para profesionalizar el trabajo de los auditores internos del Estado.
La creación de una Red de Auditoría Interna, que conectará a las unidades de auditoría de cada organismo público, podría transformarse en un espacio virtuoso de intercambio de buenas prácticas y de estandarización de criterios técnicos.
Sin embargo, el éxito del SAIG dependerá de varios factores. En primer lugar, de su independencia real frente al poder político y, en segundo término, de la calidad y formación de su personal, que deberá estar a la altura del desafío de implementar estándares internacionales de control y gestión de riesgos.
Un tercer factor determinante, se refiere a que el propio Estado debe asumir que la auditoría interna no es un mero trámite burocrático, sino un instrumento estratégico para la toma de decisiones.
